España cuenta con 1.300 grandes presas. La mayoría
pertenecen a ayuntamientos, diputaciones o empresas privadas, lo que
dificulta el control real de su estado. En teoría, siempre hay un
propietario que debería velar por su mantenimiento. En la práctica,
eso no garantiza absolutamente nada.
Pero la situación es
aún más preocupante cuando hablamos de las presas de titularidad
estatal.
Existen unas 300 presas estatales
clasificadas como de primera clase (Clase A). ¿Qué significa
esto?
Que, si colapsan, podrían causar daños graves a la
población porque están situadas muy cerca de núcleos
urbanos.
Según datos de la propia Dirección General
del Agua, la situación de estas infraestructuras es
alarmante.
El ingeniero Jesús Contreras ha
advertido públicamente en los últimos días —en entrevistas que
se han hecho virales en medios de comunicación— sobre el riesgo
real que existe. Y los datos que expone son estremecedores:
143
presas tienen problemas para evacuar grandes avenidas de agua por sus
aliviaderos.
➝ En episodios de temporales, no podrían cumplir
correctamente su función de regulación.
160 presas
presentan problemas estructurales porque no cumplen los coeficientes
de seguridad con los que fueron diseñadas.
En 170
infraestructuras, los desagües de fondo —clave para regular el
nivel del embalse— están inoperativos o averiados en la mitad de
los casos.
Las presas no solo almacenan agua o generan
energía hidroeléctrica. En temporales, su función es crucial:
desembalsar agua de forma controlada para evitar desastres mayores y
permitir que el ciclo continúe sin desbordamientos
incontrolados.
Si estos mecanismos fallan, el riesgo se
multiplica.
El propio ingeniero advierte que, si se
rompiera alguna de estas presas, podríamos estar hablando de cientos
o incluso miles de víctimas. Y, sin embargo, el debate público es
prácticamente inexistente.
El caso paradigmático: la
Presa de Forata
La Presa de Forata, en Valencia, se
convirtió en una de las más conocidas durante el episodio de la
DANA. Resistió. Pero más de un año después de aquella tragedia,
no cuenta con un plan de contingencia, pese a que desde 1994 todas
las presas están obligadas a tenerlo. Si hubiera colapsado, habría
generado una lámina de agua de hasta 7 metros avanzando a 5 metros
por segundo. Las consecuencias habrían sido devastadoras.
El dato más
grave: no hay planes de emergencia
El 80% de las
presas del Estado no tienen implantado un plan de emergencia.
El
problema no es solo la falta de mantenimiento. El problema es que, si
se rompen, no hay protocolo eficaz de actuación.
Algunos
ingenieros se preguntan si no debería existir un órgano similar al
Consejo de Seguridad Nuclear que supervise de forma independiente
estas infraestructuras críticas. Pero, a día de hoy, no existe un
mecanismo equivalente con la misma autoridad y capacidad de
intervención.
El abandono cuesta vidas.
Las presas son
infraestructuras estratégicas no se trata de alarmismo: se trata de
prevención, prque cuando el agua baja sin control, ya es demasiado
tarde.
Sigamos, porque lo verdaderamente inquietante no es solo el estado de las presas. Es el guion que probablemente vendrá después.
Cuando se habla de 143 presas con problemas para evacuar grandes avenidas, de 160 con déficits estructurales, de 170 con desagües de fondo inoperativos y de un 80% sin plan de emergencia implantado, lo razonable sería abrir un debate técnico, transparente y urgente.
Pero no.
La salida más cómoda será convertir el problema en relato.
Primero, el clásico viaje en el tiempo:
La culpa será de Franco. De unas infraestructuras construidas hace más de medio siglo. Como si el mantenimiento de los últimos 40 años fuera una categoría metafísica que no computa. Como si la gestión actual fuera meramente ornamental.
El razonamiento implícito sería algo así:
Si una presa
construida en los años 60 colapsa en 2026, el responsable es quien
la inauguró, no quien la ha gestionado durante décadas.
El hormigón, al parecer, tiene ideología.
Los aliviaderos
se deterioran por memoria histórica.
Los coeficientes de
seguridad vencen por razones simbólicas.
Pero el segundo paso del guion sería aún más previsible: deslegitimar el dato.
Se dirá que las cifras son exageraciones.
Que hablar de
riesgo es alarmismo.
Que advertir de posibles víctimas es
irresponsable.
Y no faltará quien catalogue los datos —aunque procedan de organismos oficiales y de ingenieros especializados— como “bulos de la ultraderecha”. Convertir un informe técnico en un enemigo político es una estrategia mucho más sencilla que reparar una infraestructura.
Incluso podría plantearse la necesidad de “regular” o “sancionar” la difusión de estos mensajes para evitar “alarma social”. Porque ya sabemos que en ocasiones el problema no es el riesgo, sino quien lo menciona.
Y si, pese a todo, ocurriera una desgracia, el manual también está escrito:
Se hablaría de fenómeno imprevisible.
Se invocaría el cambio climático como causa única.
Se subrayaría la excepcionalidad del evento.
Y, sobre todo, se intentaría diluir la responsabilidad entre comisiones, informes y trámites.
La experiencia reciente con episodios como la DANA demostró que el debate posterior suele centrarse más en el control del relato que en el análisis estructural de los fallos.
Mientras tanto, las presas siguen ahí.
Con sus aliviaderos
deficientes.
Con sus planes de emergencia sin implantar.
Con
sus coeficientes de seguridad cuestionados.
El problema no es ideológico. Es físico.
El agua no
entiende de consignas.
La gravedad no distingue entre izquierdas
y derechas.
Y cuando una infraestructura crítica falla, no pregunta quién gobernaba cuando se construyó. Solo cae.
Lo verdaderamente responsable sería actuar antes.
Porque
cuando el debate se convierte en propaganda, el riesgo deja de ser
teórico.
