ALARMA EN LAS PRESAS DE ESPAÑA: EL ABANDONO PUEDE COSTAR VIDAS

 

España cuenta con 1.300 grandes presas. La mayoría pertenecen a ayuntamientos, diputaciones o empresas privadas, lo que dificulta el control real de su estado. En teoría, siempre hay un propietario que debería velar por su mantenimiento. En la práctica, eso no garantiza absolutamente nada.

Pero la situación es aún más preocupante cuando hablamos de las presas de titularidad estatal.

Existen unas 300 presas estatales clasificadas como de primera clase (Clase A). ¿Qué significa esto?
Que, si colapsan, podrían causar daños graves a la población porque están situadas muy cerca de núcleos urbanos.

Según datos de la propia Dirección General del Agua, la situación de estas infraestructuras es alarmante.

El ingeniero Jesús Contreras ha advertido públicamente en los últimos días —en entrevistas que se han hecho virales en medios de comunicación— sobre el riesgo real que existe. Y los datos que expone son estremecedores:

143 presas tienen problemas para evacuar grandes avenidas de agua por sus aliviaderos.
➝ En episodios de temporales, no podrían cumplir correctamente su función de regulación.

160 presas presentan problemas estructurales porque no cumplen los coeficientes de seguridad con los que fueron diseñadas.

En 170 infraestructuras, los desagües de fondo —clave para regular el nivel del embalse— están inoperativos o averiados en la mitad de los casos.

Las presas no solo almacenan agua o generan energía hidroeléctrica. En temporales, su función es crucial: desembalsar agua de forma controlada para evitar desastres mayores y permitir que el ciclo continúe sin desbordamientos incontrolados.

Si estos mecanismos fallan, el riesgo se multiplica.

El propio ingeniero advierte que, si se rompiera alguna de estas presas, podríamos estar hablando de cientos o incluso miles de víctimas. Y, sin embargo, el debate público es prácticamente inexistente.

El caso paradigmático: la Presa de Forata

La Presa de Forata, en Valencia, se convirtió en una de las más conocidas durante el episodio de la DANA. Resistió. Pero más de un año después de aquella tragedia, no cuenta con un plan de contingencia, pese a que desde 1994 todas las presas están obligadas a tenerlo. Si hubiera colapsado, habría generado una lámina de agua de hasta 7 metros avanzando a 5 metros por segundo. Las consecuencias habrían sido devastadoras.

El dato más grave: no hay planes de emergencia

El 80% de las presas del Estado no tienen implantado un plan de emergencia.

El problema no es solo la falta de mantenimiento. El problema es que, si se rompen, no hay protocolo eficaz de actuación.

Algunos ingenieros se preguntan si no debería existir un órgano similar al Consejo de Seguridad Nuclear que supervise de forma independiente estas infraestructuras críticas. Pero, a día de hoy, no existe un mecanismo equivalente con la misma autoridad y capacidad de intervención.

El abandono cuesta vidas.

Las presas son infraestructuras estratégicas no se trata de alarmismo: se trata de prevención, prque cuando el agua baja sin control, ya es demasiado tarde.

Sigamos, porque lo verdaderamente inquietante no es solo el estado de las presas. Es el guion que probablemente vendrá después.

Cuando se habla de 143 presas con problemas para evacuar grandes avenidas, de 160 con déficits estructurales, de 170 con desagües de fondo inoperativos y de un 80% sin plan de emergencia implantado, lo razonable sería abrir un debate técnico, transparente y urgente.

Pero no.

La salida más cómoda será convertir el problema en relato.

Primero, el clásico viaje en el tiempo:

La culpa será de Franco. De unas infraestructuras construidas hace más de medio siglo. Como si el mantenimiento de los últimos 40 años fuera una categoría metafísica que no computa. Como si la gestión actual fuera meramente ornamental.

El razonamiento implícito sería algo así:
Si una presa construida en los años 60 colapsa en 2026, el responsable es quien la inauguró, no quien la ha gestionado durante décadas.

El hormigón, al parecer, tiene ideología.
Los aliviaderos se deterioran por memoria histórica.
Los coeficientes de seguridad vencen por razones simbólicas.

Pero el segundo paso del guion sería aún más previsible: deslegitimar el dato.

Se dirá que las cifras son exageraciones.
Que hablar de riesgo es alarmismo.
Que advertir de posibles víctimas es irresponsable.

Y no faltará quien catalogue los datos —aunque procedan de organismos oficiales y de ingenieros especializados— como “bulos de la ultraderecha”. Convertir un informe técnico en un enemigo político es una estrategia mucho más sencilla que reparar una infraestructura.

Incluso podría plantearse la necesidad de “regular” o “sancionar” la difusión de estos mensajes para evitar “alarma social”. Porque ya sabemos que en ocasiones el problema no es el riesgo, sino quien lo menciona.

Y si, pese a todo, ocurriera una desgracia, el manual también está escrito:

• Se hablaría de fenómeno imprevisible.

• Se invocaría el cambio climático como causa única.

• Se subrayaría la excepcionalidad del evento.

• Y, sobre todo, se intentaría diluir la responsabilidad entre comisiones, informes y trámites.

La experiencia reciente con episodios como la DANA demostró que el debate posterior suele centrarse más en el control del relato que en el análisis estructural de los fallos.

Mientras tanto, las presas siguen ahí.
Con sus aliviaderos deficientes.
Con sus planes de emergencia sin implantar.
Con sus coeficientes de seguridad cuestionados.

El problema no es ideológico. Es físico.
El agua no entiende de consignas.
La gravedad no distingue entre izquierdas y derechas.

Y cuando una infraestructura crítica falla, no pregunta quién gobernaba cuando se construyó. Solo cae.

Lo verdaderamente responsable sería actuar antes.
Porque cuando el debate se convierte en propaganda, el riesgo deja de ser teórico.