En España vuelve a levantarse la trinchera. Una parte de la sociedad acampa en Sol reclamando vivienda y la otra responde defendiendo la propiedad privada, mientras Pedro Sánchez aparece en medio intentando sacar rédito político de un problema que lleva años agravándose bajo su Gobierno. El problema de la vivienda existe, por supuesto, pero convertirlo en otra guerra entre españoles puede ser la mejor manera de no resolverlo. Sánchez anuncia decretos, suelo y vivienda social después de años de anuncios que no han conseguido aumentar de forma significativa la oferta. Si hay terreno, como se sostiene desde el propio debate público, ¿por qué no se construye masivamente? Hay suelo que acaba destinado a centros de datos, instalaciones energéticas y placas solares, pero la vivienda sigue faltando. Y aquí aparece una cuestión que apenas se quiere discutir: la mayoría de los españoles, especialmente los mayores, son propietarios.
Mientras se demoniza al propietario particular, conviene recordar el papel de los grandes fondos. BlackRock, Blackstone y otros gigantes financieros han adquirido importantes carteras inmobiliarias en España. Sánchez llegó a señalar a Blackstone como “fondo buitre” cuando accedió al poder, especialmente por sus operaciones sobre vivienda procedente de comunidades gobernadas por el PP. Sin embargo, posteriormente el Gobierno terminó contratando a Blackstone para gestionar viviendas procedentes de Sareb por más de 50 millones de euros. ¿No eran fondos buitre? ¿No había que combatirlos? ¿No se estaba preparando precisamente una legislación contra ellos? La contradicción es evidente. Además, muchos fondos han vendido inmuebles en los últimos años para trasladar capital hacia centros de datos, energía fotovoltaica y otros negocios. El peligro es que una política que empuje a pequeños propietarios a vender no termine fortaleciendo al ciudadano que busca vivienda, sino precisamente al capital financiero que dispone de recursos para comprar cuando los precios y los activos hayan sido castigados.
Aquí está quizá la gran paradoja. España tiene millones de viviendas y la inmensa mayoría están en manos de particulares, no de grandes fondos. En el alquiler, aunque existe mayor concentración, el pequeño casero sigue teniendo un peso enorme: una sola vivienda en alquiler representa aproximadamente el 40% del mercado según los datos manejados en el debate, mientras que los grandes propietarios constituyen una parte mucho menor. El Banco de España ha señalado además que alrededor del 92% de las viviendas alquiladas pertenecen a más de tres millones de personas físicas y solo el 8% a sociedades. Muchos de esos propietarios tienen una única vivienda alquilada; otros tienen dos o tres. No son BlackRock ni Blackstone: son ciudadanos que han comprado una segunda vivienda, una herencia o un piso como complemento para su jubilación. Si se les transmite que alquilar supone perder seguridad jurídica, pagar más impuestos y tener dificultades para recuperar su propiedad, una reacción bastante lógica es no alquilarla. Y entonces ocurre justamente lo contrario de lo que se pretende: se reduce todavía más la oferta.
La vivienda no se encarece únicamente porque alguien decida subir el alquiler. España ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico, en buena medida asociado a la llegada de población inmigrante y al aumento de la demanda, mientras la construcción no ha acompañado ese ritmo. Basta mirar el ejemplo de una promoción al norte de Madrid: un piso nuevo de unos 70 metros cuadrados que hace tres o cuatro años rondaba los 380.000 euros puede acercarse ahora a los 600.000. ¿Ha aumentado proporcionalmente la riqueza de las familias? No. Ha aumentado el precio del activo por el aumento de la demanda y la escasez de oferta. Y, mientras tanto, las administraciones públicas poseen una parte mínima del parque residencial. Si la vivienda es un problema social, la solución debería pasar también por construir vivienda pública, no únicamente por decirle al propietario privado que pague más IBI o que asuma nuevos riesgos.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué hay detrás de la actual movilización de Sol y de determinados discursos sobre vivienda. El material que sirve de base a este análisis plantea la tesis de que estamos ante una reedición del 15M y ante una operación de ingeniería social en la que habrían intervenido organizaciones y fundaciones internacionales vinculadas a movimientos globalistas. Lo mismo ocurre con las referencias a dirigentes y portavoces del movimiento de inquilinos, sus estudios, organizaciones y supuestos vínculos con determinadas fundaciones y think tanks: forman parte de una lectura política que pretende señalar conexiones entre activismo, financiación y redes internacionales. Pero, sea cual sea la conclusión sobre esas conexiones, hay algo que sí merece atención: el discurso actual coloca muchas veces al pequeño propietario en el centro de la culpa mientras los grandes actores financieros aparecen en segundo plano.
Y aquí llegamos al denominado “decreto Mari Carmen”. Después de años anunciando vivienda social, la pregunta elemental sigue sin respuesta: ¿se ha construido un millón de viviendas nuevas? No. ¿Ha aumentado realmente la oferta al ritmo necesario? Tampoco. Mientras se discute cómo repartir las viviendas existentes, se olvida que una política seria debería crear muchas más. Además, no basta con poner ladrillos: hacen falta carreteras, agua, transporte y, sobre todo, electricidad. Ya existen promociones terminadas que encuentran problemas para obtener la habitabilidad por falta de capacidad eléctrica suficiente. Pretender solucionar una crisis inmobiliaria sin preparar las infraestructuras necesarias es otra forma de fabricar titulares en lugar de viviendas.
Y mientras tanto se alimenta el enfrentamiento entre ciudadanos. Se presenta al pequeño propietario como enemigo, al joven como víctima y al fondo financiero como actor secundario, cuando la realidad es mucho más compleja. Incluso las expectativas de los jóvenes muestran una brecha creciente entre lo que esperan y lo que probablemente encontrarán. Y ese resentimiento puede terminar dirigiéndose contra quien tenemos al lado: contra el propietario, contra el inmigrante, contra el vecino, contra el que piensa diferente. Ese es el verdadero peligro.
Salgamos, por tanto, de la trinchera. La vivienda es un problema social real y necesita más oferta, más vivienda pública, seguridad jurídica e infraestructuras. Pero si la solución consiste en enfrentar al ciudadano que alquila con el que posee una vivienda, mientras el gran capital espera tranquilamente su oportunidad, podemos acabar destruyendo precisamente aquello que necesitamos aumentar. El problema existe; lo que hay que decidir es dónde apuntar. Porque si nos equivocamos de objetivo, acabaremos matándonos entre nosotros mientras los verdaderos beneficiarios de la operación contemplan el espectáculo desde fuera.
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